La Fiscalía General de la Nación reveló los resultados de una investigación que dejó al descubierto una red dedicada a la explotación infantil con fines de mendicidad, la cual utilizaba a niños y niñas de la comunidad indígena Embera Katío en las calles de Medellín.
Ocho personas fueron capturadas y presentadas ante un juez de control de garantías, señaladas de concertarse para delinquir y de instrumentalizar a menores de edad en prácticas de mendicidad. Los procesados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa. Ninguno aceptó los cargos.
Según la investigación, los menores —muchos de ellos con menos de cinco años— eran usados para pedir alimentos, medicinas y pañales a turistas y transeúntes en zonas como el Parque Lleras y Provenza, en El Poblado. Los productos recolectados eran revendidos en droguerías y otros comercios de la zona, lo que le habría generado a la red ganancias de hasta 180 millones de pesos mensuales.
El trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía Nacional, el ICBF, la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia permitió no solo judicializar a los responsables, sino también restablecer los derechos de más de 900 menores víctimas en los últimos dos años. Durante las diligencias también se ordenó el cierre de tres farmacias vinculadas con la comercialización ilegal.
Por decisión judicial, los ciudadanos extranjeros deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que López Sánchez permanecerá con detención domiciliaria.
Este caso ha generado rechazo en la opinión pública y es considerado un hecho alarmante de vulneración de derechos humanos, al exponer a niños indígenas a condiciones de explotación y engaño.
