Detrás de las cifras oficiales hay rostros, familias enteras y comunidades enteras que han visto interrumpida su cotidianidad. Según el más reciente boletín de la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de 2025 cerca de 160.000 personas en Colombia han sido forzadas a abandonar sus hogares o a permanecer confinadas en sus territorios por órdenes de grupos armados.
El informe advierte que el Catatumbo en Norte de Santander y el departamento del Chocó concentran gran parte de esta crisis. Mientras el primero encabeza los registros de desplazamiento masivo con más de 73.000 víctimas, en el segundo más de 15.000 personas no han podido salir de sus comunidades por las restricciones a la movilidad impuestas por actores ilegales.
La situación afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños, líderes sociales e indígenas, quienes no solo pierden sus espacios de vida, sino también el acceso a derechos básicos como educación, alimentación o atención médica. Solo en agosto, el mes más crítico del año, casi 3.000 personas se desplazaron y más de 6.000 quedaron en confinamiento.
La Defensoría también puso de relieve la compleja dinámica migratoria: más de 100.000 personas en tránsito irregular han atravesado el país este año, y se registra incluso un retorno de miles de migrantes que vuelven desde el norte en condiciones de vulnerabilidad.
Ante este panorama, el organismo instó al Estado a reforzar la presencia institucional en zonas de riesgo, abrir corredores humanitarios, garantizar albergues temporales y fortalecer el acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.
“La crisis humanitaria no puede seguir pasando inadvertida. Cada número corresponde a una vida en riesgo, a un proyecto interrumpido y a una comunidad que necesita atención urgente”, enfatizó la Defensoría en su comunicado.
