La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas frente a una actuación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que, según el ente de control, podría representar una amenaza para la libertad de prensa y la autonomía editorial en Colombia.
El pronunciamiento se produjo luego de que la CRC enviara un oficio a varios medios de comunicación solicitando información sobre sus contenidos periodísticos y noticiosos, requerimiento que generó inquietud entre los gremios de prensa y fue objeto de análisis por parte del Ministerio Público.
Tras revisar la situación, la Procuraduría informó que abrió una actuación preventiva para evaluar la legalidad y el alcance constitucional de la solicitud de la CRC. Según el organismo, este requerimiento podría afectar derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política, como la reserva de las fuentes informativas, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista, respaldados por los artículos 20 y 73 y por sentencias de la Corte Constitucional.
En su comunicación, el ente de control también señaló que el comunicado emitido posteriormente por la CRC no aclara si la entrega de la información es de carácter voluntario, ni corrige la falta de precisión del requerimiento inicial, lo que mantiene un riesgo latente para el ejercicio libre del periodismo.
La Procuraduría enfatizó que la CRC no tiene facultades expresas para solicitar datos internos relacionados con decisiones editoriales, lo que podría considerarse una extralimitación de sus funciones regulatorias.
El procurador general, Gregorio Eljach, reiteró su posición sobre el tema y aseguró que no permitirá que desde el Estado se impongan prácticas que vulneren la libertad de prensa ni la libertad de empresa.
“Este es un principio sagrado que debemos proteger. Nuestra responsabilidad es garantizar que la libertad se preserve en todos los ámbitos, especialmente en el ejercicio periodístico”, afirmó el jefe del Ministerio Público.
La investigación preventiva continuará su curso con el propósito de determinar si la actuación de la CRC se ajusta a la normativa vigente y a los estándares constitucionales que amparan la independencia de los medios de comunicación en Colombia.
