En un departamento donde la violencia ha silenciado más de una voz, la libertad de prensa enfrenta un escenario crítico. Una misión conjunta de la Defensoría del Pueblo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) reveló las difíciles condiciones en las que trabajan los periodistas de Arauca, una región marcada por el conflicto armado y la presión constante de actores ilegales.
Durante la visita, las organizaciones escucharon a 23 periodistas de medios locales, comunitarios y regionales, quienes narraron cómo las amenazas, el hostigamiento, la censura y los controles editoriales se han convertido en parte del día a día de su oficio. En muchos casos, las coberturas relacionadas con el conflicto o con temas de orden público implican riesgos directos para la vida y la integridad de los comunicadores, lo que ha llevado a la autocensura como una medida desesperada de autoprotección.
El informe advierte que los grupos armados ilegales continúan imponiendo restricciones a la prensa, determinando qué temas pueden tratarse y cuáles deben ser omitidos. Esta situación no solo vulnera el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada de manera plural y veraz, uno de los pilares de la democracia.
A la violencia armada se suma otro fenómeno preocupante: la estigmatización por parte de algunos servidores públicos, quienes, a través de pronunciamientos en redes sociales, han desacreditado el trabajo de los periodistas. Según la misión, este tipo de expresiones desconoce el deber de prudencia y veracidad que debe regir la comunicación de los funcionarios del Estado y contribuye a aumentar el clima de hostilidad hacia la prensa.
Las tres organizaciones insistieron en que el periodismo no puede desarrollarse bajo amenaza. “Los periodistas son población civil y, como tal, deben estar protegidos de cualquier ataque o presión arbitraria”, recordaron, aludiendo a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En el marco del actual proceso electoral, y ante la escalada de tensiones en varios municipios del oriente colombiano, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales para que cesen las amenazas y los actos de censura contra comunicadores. También instó al Gobierno Nacional a fortalecer los mecanismos de prevención y protección en el territorio, con recursos técnicos y presupuestales que permitan una respuesta efectiva ante los ataques a la prensa.
La misión concluye que garantizar la libertad de prensa en Arauca no es solo una cuestión de seguridad, sino de democracia. Mientras informar siga siendo una actividad de riesgo, la sociedad perderá su capacidad de vigilancia y crítica, debilitando los cimientos del Estado de derecho.
El desafío, advierten, está en proteger a quienes cuentan la verdad, para que el silencio no se convierta en la única noticia posible.
