La sostenibilidad del sistema de salud colombiano enfrenta una nueva alerta. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá) amplió las medidas de embargo contra Nueva EPS, duplicando el monto retenido a $887.249 millones de pesos, una decisión que compromete directamente los recursos destinados a garantizar los servicios médicos de millones de afiliados.
La medida judicial, según explicó la entidad, afecta fondos que por ley son inembargables, ya que provienen de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los cuales tienen carácter público y una destinación exclusiva: la atención en salud de la población afiliada, especialmente del régimen subsidiado.
Desde Nueva EPS se advierte que esta decisión no solo desconoce la normatividad vigente, sino que podría traducirse en demoras en los pagos a clínicas, hospitales e IPS en todo el país. La entidad recordó que los artículos constitucionales y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001 protegen estos recursos, así como las circulares emitidas por el Ministerio de Salud y la Procuraduría General de la Nación, que reiteran su naturaleza parafiscal y esencial para el cumplimiento del derecho fundamental a la salud.
El Juzgado Primero Civil de Florencia concentra actualmente el 45,9% de las demandas ejecutivas contra Nueva EPS y es el despacho con mayor número de medidas cautelares contra la compañía. Entre las instituciones prestadoras afectadas por los procesos judiciales se encuentran la Clínica Médicos del Cesar, Clínica Uros S.A.S., Fundación Cardio Infantil, Clínica San Juan Bautista, y Medicuc IPS LTDA, entre otras.
La Agente Especial Interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y la ADRES, para que se adopten medidas que frenen las decisiones judiciales que ponen en riesgo el funcionamiento del sistema.
“Estos embargos no solo desconocen la naturaleza jurídica de los recursos, sino que afectan la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, expresó Polanía.
Mientras tanto, la entidad anunció que agotará todos los recursos legales disponibles para revertir las decisiones y reiteró su compromiso con la transparencia, la sostenibilidad financiera y la protección del derecho a la salud de sus más de 11 millones de afiliados.
Lo que comenzó como una controversia judicial en Caquetá podría tener repercusiones a nivel nacional, afectando la cadena de pagos del sistema y la estabilidad de las instituciones prestadoras de servicios médicos. El llamado de Nueva EPS busca no solo defender su operación, sino salvaguardar los recursos que garantizan la atención médica de millones de colombianos.
