La muerte de al menos quince adolescentes en recientes bombardeos de las Fuerzas Militares contra disidencias de las Farc encendió una fuerte alerta institucional: la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió al Presidente de la República que suspenda de inmediato las operaciones aéreas sobre objetivos donde puedan encontrarse menores reclutados.
Según información recibida por la Defensoría, en el bombardeo realizado en Arauca la semana pasada murió una adolescente, mientras que en una operación previa, adelantada el 1 de octubre en Puerto Santander, Amazonas, perdieron la vida cuatro jóvenes más: una mujer y tres hombres, todos menores de edad.
Marín Ortiz reconoció que estos adolescentes hacían parte de estructuras armadas ilegales y que, en algunos casos, podrían estar cumpliendo funciones de combate. Sin embargo, enfatizó que esa condición no libera al Estado de sus compromisos frente al derecho internacional humanitario. A su juicio, los principios de humanidad, necesidad militar y precaución obligan a revisar a fondo la forma en que se están planificando y ejecutando estas operaciones.
La Defensora advirtió que la presencia de niños, niñas y adolescentes en los campamentos bombardeados no era un hecho inesperado, sino un riesgo conocido y previsible. Por eso, insistió en que es urgente ajustar los protocolos operacionales para impedir que sigan muriendo menores en acciones de este tipo.
En un mensaje directo al jefe de Estado, Marín Ortiz le pidió evaluar la continuidad de los bombardeos sobre blancos donde exista la posibilidad de que haya reclutados forzados, y priorizar la protección de la niñez por encima de cualquier objetivo táctico. Recordó que la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Colombia ordenan garantizar la prevalencia de los derechos de los niños y niñas en cualquier circunstancia.
La funcionaria también puso el foco en la dimensión humana del problema: cada adolescente muerto en un bombardeo, recalcó, es la historia de un reclutamiento, de una familia rota y de un proyecto de vida truncado. Por ello, suplicó que se busquen alternativas operacionales que no pongan a la niñez en la línea de fuego.
De manera paralela, la Defensoría exigió a los grupos armados ilegales la liberación inmediata y sin condiciones de todos los menores reclutados, y reclamó que dejen de utilizarlos como escudos en medio del conflicto.
Desde su cuenta en X, Iris Marín Ortiz también pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, revisar con rigor los resultados de las medidas que se han implementado para reducir el riesgo para la población menor de edad en las operaciones aéreas. A su juicio, cada decisión que se tome en el terreno debe pasar por un filtro claro: que la seguridad del país no se construya a costa de la vida de sus niños y adolescentes.
