La escalada de violencia registrada desde la madrugada de este lunes en el municipio de Buenos Aires, norte del Cauca, encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos y dejó a la población civil en una situación de alto riesgo. En medio de enfrentamientos y ataques armados dentro del casco urbano, la Defensoría del Pueblo advirtió que la vida y la integridad de los habitantes se encuentran seriamente amenazadas.
Según la información recopilada por la entidad, hombres armados estarían ejecutando acciones ofensivas contra la estación de Policía, utilizando explosivos y otros artefactos de alto poder en zonas residenciales y en los accesos al municipio. La presencia de estos elementos, sumada al presunto bloqueo de vías, ha generado temor por posibles detonaciones que podrían afectar viviendas, comercios y transeúntes.
La Defensoría alertó que la forma en la que se desarrollan estos ataques no distingue entre objetivos militares y población civil, lo que agrava el impacto humanitario. Además de los riesgos por explosiones, se conocieron reportes de desplazamientos forzados y confinamientos, con familias obligadas a abandonar sus hogares bajo amenazas, sin posibilidad de llevar consigo alimentos u otros elementos básicos.
Entre las personas afectadas se encuentran adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad, niños, niñas y recién nacidos, quienes permanecen en condiciones de extrema vulnerabilidad en medio de las hostilidades. Para la Defensoría, este panorama refleja una reiteración de riesgos que ya habían sido advertidos con anterioridad a través de varias Alertas Tempranas que siguen vigentes para este municipio.
La entidad sostuvo que los hechos actuales evidencian la fragilidad de las medidas de prevención adoptadas hasta ahora y advirtió que la situación podría derivar en un desplazamiento masivo, además de dejar secuelas físicas, psicológicas y sociales en la población.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo exigió el cese inmediato de las acciones armadas en zonas pobladas y reiteró que el uso de explosivos en áreas urbanas constituye una grave violación al derecho internacional humanitario. Asimismo, pidió a los distintos niveles del Estado activar de manera urgente una respuesta integral que incluya atención en salud, acompañamiento psicosocial, protección a los grupos más vulnerables y la habilitación de corredores humanitarios y evacuaciones seguras.
Finalmente, la entidad anunció que mantendrá un monitoreo permanente de la situación en Buenos Aires y recalcó que la protección de la población civil no es negociable. La crisis que hoy enfrenta el municipio, advirtió, no solo pone a prueba la capacidad institucional, sino también el compromiso del Estado con la vida y la dignidad de sus ciudadanos.