La Federación Colombiana de Municipios encendió las alarmas por el ajuste aplicado a las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) proyectadas para 2026, al advertir que la reducción compromete la estabilidad fiscal de las administraciones locales y la continuidad de programas sociales esenciales.
Desde la agremiación se sostiene que la decisión del Gobierno nacional se apoya en una lectura que no se ajusta al marco constitucional y que, de mantenerse, obligaría a los municipios a reconfigurar sus presupuestos con recortes en áreas sensibles como educación, salud y atención a poblaciones vulnerables. Para Fedemunicipios, el efecto no es solo contable: se traduce en riesgos directos para la garantía de derechos en los territorios.
El director ejecutivo de la Federación, Gilberto Toro Giraldo, subrayó que la medida pone en aprietos a los gobiernos locales, que dependen en buena parte del SGP para sostener políticas públicas de alto impacto social. En ese sentido, reiteró el llamado a la Casa de Nariño para reconsiderar la decisión y abrir un espacio de corrección que evite mayores afectaciones a la ciudadanía.
La preocupación también fue respaldada por el presidente de Fedemunicipios y alcalde de Soacha, Julián Sánchez Acosta, quien precisó que la última doceava del SGP correspondiente a 2025 evidenció una caída cercana al 50 % frente a los recursos asignados en 2024, al pasar de 2,1 billones de pesos a poco más de 1 billón. A su juicio, este descenso representa un golpe directo a las finanzas territoriales y limita la capacidad de los municipios para cumplir las responsabilidades constitucionales que recaen sobre ellos.
La Federación insistió en la necesidad de un diálogo inmediato con el Gobierno nacional para revisar el alcance del recorte y construir alternativas que protejan la sostenibilidad fiscal local sin sacrificar la atención de las comunidades.
