La Contraloría General de la República puso bajo la lupa la gestión del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, FonIgualdad, tras concluir una auditoría que dejó en evidencia una brecha significativa entre los recursos asignados y los resultados obtenidos durante la vigencia 2024.
El informe del organismo de control señala que, pese a contar con una asignación cercana a los 1,9 billones de pesos por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad, el Fondo avanzó de manera limitada en la materialización de sus programas. La mayor parte del presupuesto permaneció sin ejecución efectiva, lo que encendió las alertas sobre la capacidad institucional para transformar estos recursos en acciones concretas.
Desde FonIgualdad se explicó que su naturaleza jurídica, como patrimonio autónomo administrado mediante un esquema fiduciario, permite ejecutar recursos en vigencias posteriores, razón por la cual parte del dinero girado a finales de 2023 se utilizó durante 2024. Sin embargo, la Contraloría advirtió que incluso con esa flexibilidad, el nivel de ejecución fue bajo frente a las necesidades que busca atender el Fondo.
El análisis presupuestal también reveló un contraste marcado entre los gastos administrativos y los proyectos de inversión social. Mientras los costos de funcionamiento registraron una ejecución casi total, una parte considerable de los programas diseñados para reducir desigualdades territoriales no mostró avances durante el periodo evaluado. De los 25 programas contemplados, casi la mitad no tuvo ejecución alguna.
Algunos proyectos lograron mayores niveles de avance, como Jóvenes en Paz y el Programa Nacional del Cuidado, que concentraron la mayor proporción de recursos ejecutados. No obstante, el balance general indica que solo una fracción de la oferta institucional logró llegar a la población objetivo.
La Contraloría concluyó que esta situación afecta directamente a sectores históricamente vulnerables, como mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad y población rural, que dependen de la puesta en marcha efectiva de estas iniciativas. Además, el ente de control identificó falencias en la planeación contractual de convenios estratégicos, entre ellos el relacionado con el programa Jóvenes en Paz, donde se evidenció un bajo cumplimiento frente a los recursos comprometidos.
El organismo anunció que hará seguimiento a las recomendaciones formuladas y reiteró la necesidad de fortalecer la planeación y la ejecución del gasto público, para garantizar que los recursos destinados a cerrar brechas sociales se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía.
