La Fiscalía General de la Nación decidió reordenar el manejo judicial de una de las líneas sensibles relacionadas con el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al trasladar a un grupo especializado la investigación por una presunta omisión en su esquema de seguridad.
La Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por posible prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió el expediente al Grupo de Tareas Especiales creado exclusivamente para esclarecer el magnicidio.
La decisión, según se conoció, busca evitar eventuales nulidades procesales y garantizar que todas las actuaciones queden concentradas en el equipo que tiene competencia integral sobre los hechos. Este grupo fue conformado mediante la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, firmada por el director seccional de la Fiscalía en Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía.
Dicho equipo tiene a su cargo la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y hechos asociados al atentado contra el senador y precandidato presidencial, con el propósito de ofrecer una visión unificada del caso y articular las distintas líneas de indagación.
En los próximos días está prevista una mesa técnica entre los investigadores del Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública, con el fin de fortalecer la línea investigativa relacionada con la presunta desatención a solicitudes de protección y mejoras al esquema de seguridad de Uribe Turbay.
Durante ese encuentro también se evaluarán los elementos materiales probatorios recopilados hasta ahora, en busca de mayor contexto y coherencia en la investigación, así como de una estrategia conjunta que permita esclarecer si hubo responsabilidades administrativas o penales por posibles fallas en la protección del dirigente político.
