Corte Suprema examina acusación por sobornos ligados a contratación de carrotanques por parte de Carlos Ramón González Merchan

Judiciales

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dio un paso clave en uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara acusación formal contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con el ente acusador, González Merchán estaría involucrado en una red de presuntas irregularidades que comprometerían recursos públicos destinados a la atención de emergencias, específicamente a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Los cargos formulados incluyen cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.

La investigación sostiene que, durante los meses de septiembre y octubre de 2023, el exalto funcionario habría intervenido de manera directa en decisiones relacionadas con la entrega de millonarias sumas de dinero a congresistas que, para ese momento, ocupaban las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes. Estas acciones, según la Fiscalía, se habrían realizado utilizando fondos derivados de la contratación estatal.

Uno de los episodios centrales del caso señala que tres mil millones de pesos habrían sido direccionados al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, mediante la intermediación de una exfuncionaria de la Presidencia. Paralelamente, otros mil millones de pesos habrían sido trasladados hasta Montería con destino al entonces presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, operación que habría contado con la participación de un exdirectivo de la Ungrd.

Los recursos investigados tendrían su origen en un contrato para la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua potable en comunidades indígenas de la Alta Guajira, un proyecto concebido para atender una de las crisis humanitarias más graves del país.

El proceso judicial continúa su curso mientras la Corte evalúa las pruebas presentadas, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos y la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo.

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