Preocupación generó la reciente inspección realizada por la Defensoría del Pueblo a un dispensador de Medic Colombia, donde se evidenciaron largas esperas, fallas operativas y un número considerable de fórmulas pendientes, factores que estarían afectando el acceso oportuno a tratamientos médicos.
Durante la visita, el equipo defensorial encontró decenas de usuarios haciendo fila, varios de ellos procedentes de municipios cercanos. Muchos acudían al lugar convencidos de que allí podrían encontrar mayor disponibilidad de medicamentos, lo que ha provocado una demanda superior a la capacidad instalada del establecimiento.
Uno de los aspectos más críticos detectados fue que el punto funcionaba únicamente con las existencias que tenía desde el pasado 22 de enero y que el pedido para reabastecerse apenas se tramitaría el día de la verificación. Esta situación, sumada a la atención simultánea de afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, ha generado una congestión que ni siquiera las quince ventanillas habilitadas logran descongestionar.
El panorama se agrava por dificultades administrativas. La ausencia de una base de datos que debía ser entregada por Colsubsidio obliga al personal a ingresar la información de cada usuario manualmente, lo que ralentiza el proceso. Además, aunque se informó que había funcionarios de la Nueva EPS encargados de actualizar autorizaciones, estos no eran fácilmente identificables por los pacientes, generando desorientación y más tiempo de espera.
La comisión también advirtió que numerosos medicamentos aún no han sido entregados, una situación que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y aumenta la incertidumbre entre los pacientes. A esto se suma la falta de un mecanismo efectivo de atención preferencial para adultos mayores, personas con niños y otros grupos vulnerables, pese a que gran parte de los asistentes supera los 60 años.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo instó a los responsables del servicio a adoptar de manera inmediata un plan de contingencia que permita normalizar la atención. Entre las medidas sugeridas está la realización de una jornada continua de al menos 72 horas, con suficiente inventario, para ponerse al día con la entrega de medicamentos y evitar nuevas afectaciones al derecho fundamental a la salud.
