La Contraloría General de la República reveló preocupantes resultados tras realizar 40 actuaciones de control fiscal durante 2025 sobre los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), financiados con el Presupuesto General de la Nación, aportes territoriales y el Sistema General de Regalías. El ente de control estableció hallazgos con presunta incidencia fiscal por $53.117 millones, evidenciando fallas que comprometen la correcta inversión de recursos destinados a la nutrición de millones de estudiantes.
En auditorías practicadas a 68 Entidades Territoriales Certificadas —que administran más del 90% de los recursos del programa— se identificaron 41 hallazgos fiscales por $24.254 millones. La principal causa corresponde a sobrecostos, con 22 hallazgos que representan el 75% del monto observado, seguidos por pagos sin soportes de ejecución, deficiencias en la ejecución contractual e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa.
La región Centro Oriente concentra la situación más crítica, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso de mayor impacto se registró en Soacha (Cundinamarca), donde se detectó un presunto detrimento de $3.550 millones debido a costos pagados que superaron los valores realmente ejecutados por el contratista.
Otro hallazgo relevante se presentó en Boyacá, donde diferencias entre los pagos reportados y los valores efectivamente cancelados al personal manipulador de alimentos habrían generado un posible detrimento cercano a $2.010 millones.
Respecto a los recursos provenientes de regalías, la Contraloría identificó cinco hallazgos por $28.863 millones en Nariño, Quindío, Meta y el municipio de Arauca, derivados de fallas en la planeación, debilidades en la supervisión y problemas en el cumplimiento de parámetros técnicos y nutricionales.
El caso más cuantioso se registró en Nariño, con un presunto daño fiscal de $23.549 millones por incumplimientos en el anexo técnico de alimentación saludable, situación que podría poner en riesgo la calidad nutricional de las raciones entregadas. En Arauca, el organismo de control detectó un hallazgo por $3.111 millones al evidenciar pagos sin los soportes contables y técnicos necesarios.
De cara al inicio del calendario escolar 2026, la Contraloría también lanzó una alerta: cerca de 800.000 estudiantes en 12 entidades territoriales podrían verse afectados porque el servicio de alimentación no comenzaría al mismo tiempo que las clases. Entre las zonas señaladas están Magdalena, Cesar, Huila, Chocó, Buenaventura, Palmira, Armenia y Yopal, entre otras.
El organismo reiteró su preocupación por la persistencia de irregularidades que afectan recursos públicos destinados a la niñez, especialmente cuando el país aún no alcanza la cobertura universal del programa y cerca de 1,2 millones de menores siguen sin acceso al beneficio. Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para garantizar la prestación oportuna del servicio y evitar que estas fallas impacten la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
