Un reciente balance de la Contraloría General de la República encendió el debate sobre el ritmo de la contratación estatal en el país, luego de evidenciar un incremento significativo en los acuerdos firmados durante enero de 2026, justo antes de la entrada en vigor de las restricciones de la Ley 996 de 2005, que limita este tipo de procesos en periodos electorales.
De acuerdo con el informe, basado en los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), entre el 1 y el 30 de enero se suscribieron más de 521 mil contratos bajo la modalidad directa, por un monto cercano a los $32,88 billones. La cifra no solo refleja un alto volumen de actividad estatal, sino que también supera ampliamente los datos previos a las elecciones de 2022.
En ese entonces se firmaron poco más de 495 mil contratos por $25,22 billones, lo que implica un aumento del 5,2% en la cantidad de acuerdos y un crecimiento del 30,4% en el valor comprometido. Para el ente de control, estas variaciones muestran una tendencia de mayor presión sobre el presupuesto público en la antesala de las restricciones electorales.
El comportamiento del gasto también reveló una aceleración hacia el cierre del mes. Mientras el promedio diario rondó los $0,74 billones, la última semana concentró adjudicaciones por $14,8 billones, con el 30 de enero como el día de mayor movimiento financiero al alcanzar $5,7 billones.
Nación impulsa el mayor salto contractual
El nivel nacional fue el que más dinamismo presentó. Las entidades centrales firmaron cerca de 165 mil contratos por $14,86 billones, lo que representa un aumento superior al 50% en número y del 68% en recursos frente al mismo periodo de 2022.
Entre las instituciones con mayor volumen de contratación aparecen el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, todas con inversiones que superan los cientos de miles de millones de pesos.
En el ámbito territorial, las mayores adjudicaciones se registraron en Barranquilla, Medellín y Santiago de Cali, lo que evidencia que el crecimiento no se limitó al Gobierno central.
Prestación de servicios domina el panorama
La modalidad de prestación de servicios concentró casi todo el movimiento contractual: más del 96% de los contratos y cerca del 68% del dinero adjudicado. Solo en el orden nacional, este tipo de vinculación creció más del 64% en cantidad y alrededor del 75% en valor frente a 2022, un indicador que refuerza la dependencia estatal de este mecanismo para atender necesidades operativas.
Vigilancia reforzada en un escenario sensible
El aumento de la contratación directa, advierte el organismo de control, tiene implicaciones fiscales importantes y exige un seguimiento riguroso para evitar riesgos sobre los recursos públicos. Por ello, la entidad anunció que mantendrá un monitoreo permanente con el objetivo de emitir alertas tempranas y fortalecer la transparencia.
El contexto electoral y la presión sobre el gasto convierten este comportamiento en un tema clave para la confianza ciudadana, mientras expertos insisten en la necesidad de equilibrar la ejecución presupuestal con prácticas que garanticen control y eficiencia en el uso del dinero estatal.
