La polémica por el presunto manejo irregular de un vehículo de la Gobernación del Quindío marcó la agenda de la más reciente sesión de la Asamblea Departamental, donde el caso dejó de ser un asunto interno para pasar a manos de las autoridades nacionales.
El episodio involucra al exsecretario de Agricultura Bryant Naranjo y ha generado cuestionamientos sobre el control y uso de los bienes públicos. Durante el debate, el jefe de Control Interno Disciplinario, Humberto Turriago, confirmó que la administración departamental actuó tras conocer la situación, aunque evitó profundizar en detalles debido a las restricciones legales que rigen este tipo de procesos.
Según explicó, las primeras actuaciones se realizaron luego de que el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya ordenara verificar la información recibida. A partir de allí, se recopiló documentación clave y se dio inicio a una fase preliminar orientada a esclarecer lo ocurrido.
No obstante, el proceso dio un giro determinante cuando la Procuraduría General de la Nación asumió el caso mediante su facultad preferente. Con esta decisión, será el ente de control el encargado de adelantar la investigación y definir si existen responsabilidades disciplinarias.
En medio del procedimiento, Turriago anunció su impedimento para continuar conociendo del expediente, argumentando la necesidad de garantizar imparcialidad y respeto por el debido proceso.
El caso ha encendido las alertas dentro de la corporación departamental, donde varios diputados advirtieron sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre los recursos públicos, en medio de un episodio que sigue generando inquietud en la opinión pública.
