Un procedimiento judicial que en principio apuntaba a un caso de tenencia ilegal de armas terminó revelando posibles vínculos con un hecho violento que mantiene en alerta a la comunidad de Filandia, Quindío. Las autoridades ahora centran su atención en esclarecer si el material incautado está directamente relacionado con el atentado contra el líder social Ricaute Salazar.
Los hechos se remontan al pasado 9 de marzo, cuando en horas de la madrugada un hombre armado ingresó a la propiedad de Salazar y disparó en repetidas ocasiones contra su vehículo. Aunque el ataque no dejó personas heridas, sí generó temor entre los habitantes del sector por la gravedad de lo ocurrido.
Días después, el 18 de marzo, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con respaldo de la Policía Nacional, adelantaron un allanamiento en la finca La Esmeralda, ubicada en zona rural de Filandia. En el lugar fue detenido un hombre de 55 años, identificado con las iniciales O. Á. L.
Durante el operativo, las autoridades hallaron un importante número de armas y elementos asociados a su uso: varias escopetas de distintos calibres, un arma corta, revólveres —incluido uno de fabricación artesanal—, así como munición, insumos y herramientas para la modificación de proyectiles. El hallazgo encendió las alarmas por el potencial riesgo para la seguridad en la región.
Sin embargo, el caso tomó un giro más delicado tras los análisis realizados por expertos en balística. Según información revelada por la diputada del Quindío, Jessica Obando, una de las armas incautadas habría sido utilizada en el ataque contra el líder social, lo que vincularía directamente al capturado con el hecho violento.
Las autoridades continúan avanzando en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad del implicado y esclarecer si existen más personas involucradas. Entre tanto, también se indagan posibles relaciones del detenido con la administración local, luego de conocerse que su núcleo familiar tendría vínculos contractuales con la alcaldía de Filandia.
El caso sigue en desarrollo y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los líderes sociales en el departamento, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención frente a hechos de violencia en zonas rurales.
