En un nuevo movimiento dentro de la política de paz y sometimiento a la justicia, la Fiscalía General de la Nación decidió suspender de manera temporal las órdenes de captura contra 23 personas señaladas como voceros de organizaciones criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá.
La medida responde a una solicitud elevada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y tiene como propósito facilitar la participación de estos representantes en escenarios de conversación con el Gobierno nacional. Estos espacios buscan avanzar en procesos de desmovilización y sometimiento colectivo de estructuras armadas de alto impacto.
Aunque la decisión ha generado debate, las autoridades aclararon que no se trata de una excarcelación ni de beneficios automáticos para quienes ya se encuentran privados de la libertad. La Fiscalía enfatizó que su alcance se limita exclusivamente a la suspensión de órdenes de captura vigentes, sin interferir en condenas, medidas de aseguramiento u otros procesos judiciales en curso.
El acto administrativo establece que la suspensión tendrá una duración inicial de seis meses, periodo durante el cual se desarrollarán encuentros sociojurídicos en distintas zonas de Antioquia, incluyendo Medellín, varios municipios del área metropolitana y Rionegro.
Asimismo, se dejó claro que la disposición no implica impunidad. Las autoridades mantienen la facultad de actuar frente a delitos cometidos en flagrancia, especialmente aquellos de alta gravedad como secuestro, extorsión o violaciones a los derechos humanos.
Con esta decisión, el Gobierno busca abrir un canal institucional que permita reducir la violencia urbana y avanzar hacia acuerdos que contribuyan a la seguridad en una de las regiones más afectadas por la criminalidad organizada en el país.
