La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra un teniente y tres soldados profesionales del Ejército por su presunta responsabilidad en la muerte de un campesino durante un operativo militar realizado en zona rural del municipio de Arenal, en el sur de Bolívar.
Los hechos se remontan al 9 de abril de 2017, cuando los uniformados participaban en una misión orientada a ubicar a un supuesto integrante del ELN conocido con el alias de ‘Cusi’. Según la investigación, en medio del despliegue táctico, los militares interceptaron a dos civiles que transitaban por el sector.
De acuerdo con el ente acusador, los hombres habrían intentado huir tras el procedimiento, lo que llevó a los uniformados a abrir fuego con sus armas de dotación. Como resultado, uno de los civiles perdió la vida, mientras que el otro fue retenido en el lugar.
Las pruebas recopiladas indican que las víctimas no tenían vínculo alguno con el objetivo de la operación, quien fue capturado posteriormente en un punto distinto. Para la Fiscalía, este hecho evidenciaría un uso desproporcionado de la fuerza y el incumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.
El proceso, liderado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, señala que los militares no habrían adoptado las medidas necesarias para identificarse plenamente ni garantizar que los civiles comprendieran la orden de detenerse.
Por estos hechos, los implicados deberán responder ante la justicia por el delito de homicidio en persona protegida, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate el respeto por los derechos humanos en operaciones militares.