La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia a cuatro funcionarios del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec), señalados de presuntamente abusar sexualmente de una mujer con trastorno mental recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Medellín, conocido como El Pedregal.
Los procesados fueron identificados como Germán David Cartagena, Yhojan Estiben López Ángel, Adrián Leonardo Parra Martínez y Jhorman Andrés Palomino Ricardo, quienes se desempeñaban como dragoneantes en el centro penitenciario. La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Medellín, estableció que los hechos habrían ocurrido entre el 28 de septiembre de 2024 y el 26 de enero de 2025 en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), ubicada en el patio 22 del penal.
Según el ente acusador, Cartagena habría suministrado sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas a la víctima para dejarla en estado de indefensión y posteriormente someterla a actos sexuales en repetidas ocasiones, superando los 15 episodios. Además, presuntamente le exigía pagos por el ingreso de los estupefacientes.
Por su parte, López Ángel es señalado de aprovechar su función de custodia y traslado de internas hacia salas de audiencia para abusar de la mujer en más de 30 oportunidades. En cuanto a Parra Martínez, la Fiscalía indicó que también habría entregado drogas a la víctima y facilitado un teléfono celular para accederla sexualmente en al menos un caso.
Las investigaciones también vinculan a Palomino Ricardo, quien, según las autoridades, habría utilizado su rol como guardián en la UTE para suministrar sustancias ilícitas y cometer agresiones sexuales en varias ocasiones.
La Fiscalía sostuvo que los implicados habrían actuado abusando de su posición de autoridad y del estado de incapacidad de la víctima para resistir. Por estos hechos, fueron imputados, de acuerdo con su posible participación individual, por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir, tráfico de estupefacientes agravado y cohecho propio.
El proceso judicial continuará con las audiencias correspondientes para definir la situación jurídica de los investigados, mientras avanzan las indagaciones para esclarecer completamente lo ocurrido en el centro penitenciario.
