La Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio rural ubicado en Santa Marta, Magdalena, que estaría vinculado al patrimonio de los hermanos Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, condenados por relaciones con antiguos jefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Vicente Castaño Gil.
Según informó el ente investigador, el inmueble tiene un avalúo preliminar cercano a los 17.000 millones de pesos y figuraba a nombre de una sociedad creada inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero. Las autoridades sostienen que los recursos con los que habría sido adquirido tendrían origen en actividades ilícitas atribuidas a esa estructura.
La investigación señala que grupos paramilitares con presencia en el Chocó habrían intimidado y desplazado forzosamente a comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, además de otras zonas del Bajo Atrato. De acuerdo con las evidencias recopiladas, tras el despojo de tierras se permitió el desarrollo de proyectos agroindustriales de palma por parte de empresarios, entre ellos los hoy condenados.
Por solicitud de la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el predio. Con esta decisión, el bien pasará a integrar el Fondo para la Reparación a las Víctimas y será destinado a los procesos de reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado en el país.
