La Gobernación del Quindío confirmó que la orden de arresto por dos días y la multa impuestas al gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya por el Juzgado Promiscuo Municipal de Quimbaya no han quedado en firme y actualmente son objeto de revisión por parte de un juez de segunda instancia.
La decisión judicial se produjo dentro de un incidente de desacato promovido por el ciudadano Levison Castaño González, quien manifestó que no se dio cumplimiento a un fallo de tutela relacionado con la protección de su derecho fundamental de petición. Como consecuencia, el despacho judicial resolvió imponer la sanción al mandatario departamental.
Tras conocerse la determinación, la Secretaría de Representación Judicial y Defensa de la Gobernación, encabezada por Isabel Cristina Lezama Velásquez, informó que la administración ya presentó el recurso correspondiente y las pruebas con las que busca demostrar que la respuesta al ciudadano fue entregada de manera completa y dentro de las actuaciones administrativas adelantadas por el departamento.
En un comunicado oficial, la Gobernación sostuvo que la medida judicial “no está en firme ni en ejecución” y explicó que el caso se encuentra en sede de consulta, procedimiento en el que el juez superior deberá establecer si la sanción se mantiene o es revocada.
La administración departamental afirmó que, de acuerdo con la documentación presentada, no existió incumplimiento del fallo de tutela, por lo que considera que no hay fundamento para imponer una sanción por desacato. Además, señaló que tampoco se vulneró el derecho fundamental invocado por el accionante, ya que, según la entidad, la petición fue respondida de manera clara, detallada y de fondo.
La secretaria Isabel Cristina Lezama Velásquez manifestó que el Gobierno del Quindío confía en que el análisis del juez de segunda instancia permita dejar sin efectos la decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Quimbaya.
En el pronunciamiento, la administración departamental también hizo un llamado a que las decisiones judiciales sean divulgadas con todo su contexto, al considerar que el proceso aún no ha finalizado y que la decisión definitiva dependerá de la autoridad competente. Cabe recordar que en 2024 el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya enfrentó una situación similar, cuya sanción fue posteriormente revocada antes de hacerse efectiva.
