La Fiscalía General de la Nación imputó al coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho por presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales, entre ellas el ELN y el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, a las que habría entregado información reservada sobre operaciones de la Fuerza Pública a cambio de dinero.
Según la investigación, el oficial habría recibido inicialmente 15 millones de pesos en 2020, cuando ejercía como comandante de un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, Arauca. En ese momento, presuntamente habría acordado disminuir las acciones militares contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.
La Fiscalía señala que la conducta habría continuado años después. En julio de 2025, Pérez Amorocho asumió el mando de una unidad élite con operaciones en municipios de Nariño como Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, además de zonas de Cauca y Valle del Cauca.
Entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por el ente investigador, el coronel habría establecido contactos con integrantes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia. El supuesto acuerdo contemplaba pagos semanales de hasta 30 millones de pesos a cambio de advertir sobre desplazamientos y operaciones de las tropas.
La información que presuntamente habría entregado buscaba facilitar el movimiento de cargamentos de estupefacientes, armas, municiones y dinero de las organizaciones ilegales. Dentro de los hechos investigados también aparece una operación desarrollada en Nariño en abril de 2026.
De acuerdo con la Fiscalía, durante esa acción militar el oficial habría evitado que las tropas avanzaran hacia un punto determinado, situación que presuntamente permitió que integrantes de una estructura armada abandonaran el sector en lanchas rápidas antes de ser ubicados por los uniformados.
Cuando las tropas ingresaron posteriormente al área señalada, no encontraron las caletas que contenían presuntamente droga y material bélico, debido a que habrían sido retiradas previamente por miembros de la organización. La investigación también sostiene que parte de los estupefacientes encontrados durante el operativo habría sido arrojada a un río por instrucciones del oficial, con el propósito de que posteriormente fuera recuperada por la estructura ilegal.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Pérez Amorocho los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, además de explosivos.
El proceso judicial continuará para determinar la responsabilidad del oficial frente a los hechos que le atribuye la Fiscalía.
