Un grupo multipartidista de congresistas radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca modificar la Ley 400 de 1997 y establecer nuevos mecanismos para fortalecer la gestión del riesgo sísmico en Colombia, luego del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.
La iniciativa, impulsada entre otros por la senadora del Partido de La U, Norma Hurtado Sánchez, plantea establecer plazos obligatorios para la actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR), con el propósito de que las normas respondan de manera periódica a las condiciones de amenaza existentes en el país.
El proyecto contempla revisiones periódicas de las disposiciones técnicas y establece que, después de un evento sísmico de gran magnitud, el Estado tendría un plazo máximo de 12 meses para realizar una evaluación extraordinaria de las normas de construcción.
Otra de las propuestas consiste en hacer obligatoria la utilización de estudios de microzonificación sísmica al momento de expedir licencias de construcción en los municipios que ya cuenten con esta información técnica.
La iniciativa también plantea que el Gobierno Nacional pueda proporcionar asistencia técnica y recursos financieros a los municipios con mayores niveles de amenaza sísmica. Según los autores del proyecto, estos territorios representan más del 80 % del país.
La senadora Norma Hurtado Sánchez sostuvo que el país debe avanzar de una respuesta centrada en la atención de emergencias hacia una política permanente de prevención y reducción del riesgo.
La propuesta fue presentada en Bogotá el 25 de agosto de 2026, semanas después del movimiento telúrico del 10 de agosto, que dejó afectaciones en diferentes edificaciones del territorio nacional. Ahora deberá continuar su trámite legislativo en el Congreso de la República.
