Cinco personas fueron capturadas en Medellín y Barranquilla durante un operativo contra una organización señalada de introducir al sistema económico legal más de $2,3 billones, mediante empresas, operaciones financieras, criptoactivos y adquisición de bienes.
La investigación, adelantada por la Fiscalía General de la Nación a través de sus direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, estableció que el entramado habría operado entre 2018 y 2026 con nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio.
Según el ente investigador, varias de estas empresas presentaban poca o ninguna actividad económica, además de inconsistencias entre su capacidad operativa, estados financieros y los elevados movimientos registrados en sus cuentas. También fueron detectadas transacciones internacionales y operaciones entre las mismas compañías.
Dentro del esquema investigado habría sido utilizado el mercado de criptoactivos. Los investigadores identificaron transferencias por millonarias cantidades en USDT, vinculadas a empresas relacionadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico y sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC.
La Fiscalía señaló que los recursos posteriormente eran convertidos y retirados con rapidez, mientras que parte del dinero habría sido destinado a la compra de inmuebles y vehículos de alta gama para dificultar el rastreo de su procedencia.
Entre los detenidos se encuentra Hugo Daniel Giraldo Santamaría, señalado como presunto cabecilla y encargado de coordinar procesos de monetización, compensación y entrega de recursos. También fueron capturados Carolina María Giraldo, Janeth Catalina Cano Santamaría, Johan Mateo Ruiz Orijhuela y Luis Andrés Ospina Ochoa, a quienes la investigación atribuye diferentes funciones dentro de la estructura financiera.
El operativo fue desarrollado por el CTI y la Policía Nacional, con apoyo de la DEA. Durante los allanamientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas presuntamente sin autorización para su porte, además de otros elementos considerados de interés para el proceso.
De manera paralela, las autoridades ocuparon tres inmuebles en Envigado y Barranquilla, cuyo valor se aproxima a $2.500 millones, con fines de comiso.
En el proceso de extinción del derecho de dominio también fueron impuestas medidas cautelares sobre 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado: cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio. El valor estimado de estos activos supera los 10,2 millones de dólares.
Los cinco capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el presunto lavado de activos y la afectación de los bienes vinculados a la investigación.
