Dos hombres fueron capturados en la vereda Río Arriba, en Mistrató, Risaralda, durante una operación de las autoridades contra la explotación ilegal de oro en inmediaciones del río Risaralda. En el procedimiento fueron incautados y destruidos equipos utilizados para esta actividad, cuyo valor fue estimado en 80 millones de pesos.
La intervención contó con la participación del Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo del Ejército Nacional, la Policía de Risaralda, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER).
Según el reporte oficial, las labores de inteligencia permitieron ubicar, en un periodo de 15 días, un punto donde se adelantaban actividades de extracción minera sin autorización. La operación se desarrolló en el marco de la campaña militar Ayacucho Plus y de la ofensiva denominada Sirius.
Los dos detenidos deberán responder por los presuntos delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño a los recursos naturales y ecocidio, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.
Durante la intervención se incautó una draga artesanal tipo buzo y fueron destruidas otras cuatro dragas, dos motores y varios galones de combustible y aceite empleados en el funcionamiento de la maquinaria.
Las autoridades estiman que la extracción y comercialización ilegal de oro en este lugar generaba ingresos cercanos a los 105 millones de pesos mensuales. De acuerdo con el informe de la operación, esos recursos estarían relacionados con las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo.
La ubicación del punto intervenido también fue objeto de atención por parte de las autoridades debido a su posición geográfica, en una zona limítrofe entre Risaralda, Antioquia y Caldas. El reporte institucional señala que el sector había registrado presencia de esa estructura armada y recuerda la captura, el año anterior, de alias “El Indio”, señalado como cabecilla de un componente criminal.
Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras continúa el proceso correspondiente. La operación también busca frenar los daños ambientales asociados con la minería ilegal y reducir los ingresos derivados de esta actividad en el occidente de Risaralda
