Una denuncia que señala al presidente Gustavo Petro de presuntamente relacionar la asignación de contratos estatales con favores sexuales generó controversia en Colombia, luego de que Deicy Jiménez hiciera públicas sus declaraciones sobre supuestas irregularidades durante el Gobierno nacional.
De acuerdo con los señalamientos divulgados, algunas mujeres habrían obtenido vínculos contractuales con entidades públicas en circunstancias que la denunciante relaciona con encuentros de carácter sexual. Las afirmaciones han generado cuestionamientos sobre la transparencia en la contratación estatal y la necesidad de esclarecer los hechos.
Petro rechazó las acusaciones y negó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. El mandatario cuestionó los señalamientos y defendió su posición frente a las versiones conocidas públicamente.
El caso ha despertado reacciones en distintos sectores y llamados para que las autoridades competentes examinen la información disponible y determinen si existen elementos que justifiquen actuaciones judiciales o disciplinarias.
Hasta que se realicen las verificaciones correspondientes, las afirmaciones deben entenderse como denuncias y no como hechos judicialmente probados. Cualquier responsabilidad deberá establecerse con base en pruebas y mediante los procedimientos legales correspondientes.
