Tres personas fueron capturadas en Bogotá y Cota, Cundinamarca, por su presunta participación en un acuerdo ilegal que habría buscado obtener la libertad de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano neerlandés solicitado en extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. La Fiscalía General de la Nación investiga un supuesto pago de $1.200 millones para obtener una decisión judicial favorable mediante una acción de habeas corpus.
Entre los detenidos se encuentran la juez de control de garantías de Bogotá, Miryan Alcira Martínez López; el funcionario del Centro de Servicios Judiciales, Waldo Garavito Mejía; y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca. Los tres fueron puestos a disposición de la justicia tras ser capturados por unidades de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les formulará imputación por los presuntos delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. En el caso de Martínez López, también se contempla el cargo de prevaricato por acción.
Según la investigación, el 4 de junio de 2026 la abogada Herrera Cuenca habría acudido al despacho de la juez para acordar la concesión del habeas corpus a favor del ciudadano extranjero. En ese encuentro, presuntamente entregó $600 millones como primer desembolso del dinero pactado. Un día después, la funcionaria judicial le habría enviado una fotografía de un documento de libertad que contenía los datos de Van der Voort.
Los investigadores también señalan que Garavito Mejía habría coordinado con la abogada la presentación de la solicitud durante un fin de semana en el que tanto él como la juez estuvieran de turno. La presunta finalidad era que el trámite fuera asignado al despacho de Martínez López.
El 13 de junio de 2026, la juez ordenó la libertad inmediata del ciudadano neerlandés. Para sustentar su decisión, argumentó que habían transcurrido 109 días desde la captura sin que se resolviera el procedimiento de extradición, cuyo plazo límite estimó en 60 días. Además, cuestionó aspectos del expediente enviado a la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la Fiscalía considera que la funcionaria no tenía competencia para conocer y resolver esa acción constitucional. El 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la orden de libertad, por lo que Van der Voort permaneció privado de la libertad mientras continuaban los trámites relacionados con su extradición.
El caso se originó en información recopilada inicialmente por fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y hace parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre posibles actos de corrupción en la administración de justicia. La responsabilidad penal de los investigados deberá establecerse durante el proceso judicial.