La Fiscalía ha identificado un entramado ilegal en el cual miembros de la Policía Nacional y particulares habrían acordado apropiarse de una parte de un cargamento de clorhidrato de cocaína que debía ser destruido, el pasado 8 de junio de 2020, dos patrulleros activos recibieron la instrucción de incinerar 987 kilogramos de estupefaciente en una ladrillera ubicada en San Pedro, en el departamento de Valle del Cauca, según las investigaciones, los acusados presuntamente llegaron a un acuerdo con el dueño del establecimiento para quemar 890 kilos y dejar sin destruir 97 kilogramos, con el fin de posteriormente comercializarlos.
Con el objetivo de evitar ser descubiertos, se habría manipulado los hornos de tal manera que una parte de la sustancia no se quemara, en los registros fílmicos, fotográficos y en las actas correspondientes del procedimiento, aparentemente se dejó constancia de la destrucción total de la sustancia ilícita, sin embargo, la acción ilegal fue revelada cuando una patrulla de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional llegó a la ladrillera en el preciso momento en que los agentes intentaban llevarse varios kilogramos de cocaína en un vehículo, en su afán por escapar, abandonaron bloques de estupefaciente y una motocicleta en el lugar.
En relación a estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ha imputado los siguientes cargos:
*Al patrullero en retiro Osley Antonio Triviño Noreña, se le acusa de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y falsedad ideológica en documento privado.
*Al patrullero (r) Hernán Soto Borrero y al intendente (r) Alexander Sánchez Ramírez, se les atribuye el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
*Juan Ramón Torres Echeverry, propietario de la ladrillera, y a Pedro José Lozano Fuentes, trabajador de la misma, se les imputa el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
*Efraín Antonio Moreno Sánchez, también empleado de la ladrillera, se le acusa de los delitos de falsedad ideológica en documento privado y favorecimiento.
Cabe destacar que los investigados no han aceptado los cargos presentados en su contra. La Fiscalía continúa con las indagaciones para esclarecer completamente este entramado ilegal y llevar a los responsables ante la justicia.
