Según la Defensoría del Pueblo en Colombia aumentó en un 43 % la protesta social

Nacional

El Observatorio de Conflictividad Social, de la Defensoría del Pueblo de Colombia, presentó el informe anual, detallando un aumento del 43% en manifestaciones de conflictividad social en el país durante el año 2023, en comparación con el año anterior. 

Entre enero y diciembre de 2023, se registraron 2.046 eventos en 446 municipios distribuidos en 31 departamentos, Bogotá lideró con el 13% de las manifestaciones, estos datos contrastan con los 1.427 eventos registrados en 2022.

Los ciudadanos utilizaron diversos mecanismos para expresar su inconformidad, siendo los bloqueos de vías (38%), plantones (33%), y marchas (11%) los más recurrentes, se observa un aumento del 94% en la ocupación o toma de instalaciones, del 62% en los ceses de actividades, del 62% en los bloqueos de vías y del 31% en los plantones y concentraciones en comparación con 2022.

Los diez departamentos con mayor concentración de conflictos sociales fueron Bolívar (7%), Antioquia, Santander y Magdalena (6% cada uno), Atlántico, La Guajira y Valle del Cauca (5% cada uno), y Córdoba, Norte de Santander y Tolima (4% cada uno).

Los eventos identificados estuvieron vinculados a diversos conflictos, como laborales (18%), garantía del derecho a la educación (12%), inversión o presencia estatal (11%), conflictos políticos (11%), prestación de servicios públicos (10%), derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad (9%), políticas de transporte (9%), propiedad de tierra o vivienda (5%) y conflictos ambientales (5%).

La Defensoría también destacó su papel como mediadora, promoviendo 244 espacios de diálogo, un aumento del 69% en comparación con 2022. Esta labor contribuyó a prevenir la escalada violenta de la conflictividad social, fomentando la transformación pacífica de los conflictos en los territorios.

 El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, llamó a las instituciones gubernamentales y a los sectores empresariales a fortalecer el diálogo genuino y constructivo para abordar la creciente conflictividad social en el país, instando a atender de manera efectiva las demandas ciudadanas y cumplir con los acuerdos suscritos.

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