La administración de Donald Trump ha retomado y endurecido una práctica migratoria polémica: deportar a personas a países que no son los suyos. En las últimas semanas, decenas de migrantes procedentes de Asia, África y Europa del Este han sido enviados a naciones latinoamericanas como Costa Rica y Panamá, sin que medien los procedimientos legales tradicionales, según denuncian organizaciones de derechos humanos.
En febrero, alrededor de 200 migrantes —incluidos menores de edad— fueron trasladados desde EE. UU. a un centro de atención en el sur de Costa Rica, en instalaciones improvisadas en una antigua fábrica. Provenían de lugares tan distantes como China, Irán, Uzbekistán, Vietnam o Etiopía, y su intención era solicitar asilo en suelo estadounidense, pero fueron detenidos en la frontera con México y expulsados sin mucho ruido.
Simultáneamente, en Panamá se registró la llegada de al menos 300 migrantes deportados desde EE. UU., inicialmente alojados en un hotel en Ciudad de Panamá y luego trasladados a un centro de detención cercano al Darién, tras negarse a ser repatriados.
Gracias a la presión de ONG y recursos legales, los migrantes en ambos países fueron liberados. Sin embargo, su situación sigue siendo incierta: sin papeles, sin recursos y sin opciones claras para rehacer sus vidas, muchos temen regresar a sus países de origen por posibles represalias.
El caso más notorio ha sido el de 250 venezolanos que, en marzo, fueron enviados a una cárcel en El Salvador. Según informes, aún permanecen detenidos allí. México también ha recibido, de forma discreta, más de 5.400 extranjeros desde el retorno de Trump al poder, según datos oficiales.
Aunque esta estrategia no es nueva, la administración actual la está aplicando con menos garantías y más secretismo. Los beneficios para Washington son claros: deporta a personas con quienes no tiene tratados, desocupa centros de detención y refuerza su discurso disuasivo contra la migración irregular.
