El Tribunal Administrativo del Quindío emitió un fallo en el que obliga al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a expedir, en un plazo máximo de 90 días, la reglamentación que permita la puesta en marcha efectiva de los Consejos de Agua en el país.
La decisión fue tomada tras una acción judicial que evidenció la falta de cumplimiento del ministerio frente a un deber legal de reglamentar estos órganos de participación y gestión hídrica. En el proceso, la Procuraduría General de la Nación intervino para respaldar la necesidad de urgencia en dicha reglamentación, señalando que el Ministerio había incurrido en dilaciones injustificadas.
Según información suministrada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, desde octubre de 2024 se había solicitado información detallada sobre el avance del proceso. No obstante, la documentación recibida por parte del Ministerio reflejó retrasos en las fases programadas y una clara omisión frente a los compromisos adquiridos.
El fallo subraya que el incumplimiento no puede justificarse bajo argumentos presupuestales, ya que no se trata de ejecutar obras o programas, sino de emitir una reglamentación obligatoria que dé viabilidad jurídica y operativa a los Consejos de Agua, figuras clave para la gobernanza ambiental en los territorios.
Actualmente, el proceso de reglamentación se encuentra en estado preliminar, pero sin una estructura definitiva ni cronograma claro, lo que motivó la intervención judicial. El Ministerio deberá ahora cumplir con la orden judicial en un plazo perentorio, evitando así que la norma legal sobre los Consejos de Agua continúe siendo letra muerta.
