La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó este martes, 20 de mayo, la condena de 8 años de prisión contra el quindiano Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su responsabilidad en el caso de las interceptaciones ilegales del extinto DAS, conocidas como las chuzadas.
La misma decisión fue tomada en el caso de María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuya pena de 14 años de cárcel también quedó en firme. Hurtado se encuentra actualmente en libertad condicional.
Con este fallo, el alto tribunal descarta definitivamente cualquier intento de anulación o modificación de la sentencia emitida en 2015, que responsabiliza a ambos exfuncionarios de integrar una red dedicada a espiar sin autorización judicial a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La Corte confirmó que Moreno y Hurtado son culpables de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público. Ambos habían interpuesto recursos especiales para revocar el fallo, pero estos fueron rechazados.
Cabe recordar que Bernardo Moreno ya cumple una pena de detención domiciliaria por el caso de la llamada Yidis política.
El caso de las ‘chuzadas’
El escándalo se remonta al año 2015, cuando la Corte Suprema sentenció que desde 2006, bajo la dirección de Andrés Peñate en el DAS, se puso en marcha un plan de inteligencia que incluyó seguimiento, espionaje e infiltración ilegal en instituciones judiciales y políticas del país.
Entre los blancos de esta vigilancia estaban Piedad Córdoba, el entonces congresista Gustavo Petro, y miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Según la sentencia, en 2007, ya con Hurtado al frente del DAS y Moreno como secretario general de la Presidencia, se habría consolidado ese plan en una reunión en el Club Metropolitan de Bogotá, lo que marcó el inicio de una fase más estructurada de las actividades ilegales.
La decisión de la Corte reafirma la responsabilidad de ambos exfuncionarios en uno de los escándalos más graves de violación a los derechos fundamentales y abuso del poder estatal en la historia reciente de Colombia.
