La Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar contra el representante a la Cámara David Racero Mayorga y el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, ante posibles irregularidades relacionadas con el uso indebido de la entidad para favorecer intereses políticos.
La decisión se da tras conocerse una serie de denuncias públicas en medios de comunicación nacionales, que involucran a los dos funcionarios en supuestas conversaciones privadas donde se discutirían mecanismos para influir en la contratación interna del SENA. Según las revelaciones, habrían evaluado estrategias para posicionar personas afines y modificar procesos de selección a su conveniencia.
Entre los hechos que motivaron la actuación del ente disciplinario también se menciona la presunta solicitud de cargos para un familiar directo del congresista, lo cual podría haber afectado a funcionarios en ejercicio y vulnerado normas sobre meritocracia y neutralidad institucional.
La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas documentales y testimoniales que permitan esclarecer los hechos y determinar si hubo o no responsabilidad disciplinaria por parte de los investigados.
El proceso, en su fase preliminar, buscará establecer si las actuaciones de Racero y Londoño constituyen faltas disciplinarias graves o si se enmarcaron dentro de los límites legales establecidos para el ejercicio de sus funciones. La Procuraduría insistió en la necesidad de preservar la transparencia en la administración pública y en el respeto a los derechos laborales de los servidores estatales.
