Este miércoles 28 de mayo, el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con varios integrantes de la junta directiva de la compañía estatal, justo horas antes de que Mónica de Greiff anunciara su renuncia como miembro de ese órgano.
La situación en la junta de Ecopetrol se ha tornado tensa tras revelarse un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, destinado a investigar en Estados Unidos el impacto de las pesquisas en contra de Ricardo Roa. Aunque el contrato fue aprobado el año pasado, se conoció que la ampliación, cuyo valor podría alcanzar los 5,8 millones de dólares, no recibió autorización por parte de la junta.
Guillermo García Realpe, presidente de la junta directiva, calificó la firma del “otrosí” (la ampliación contractual) como una acción “grave y abusiva” y aseguró a La W Radio que este acuerdo adicional no fue aprobado por la junta.
Frente a estas versiones contradictorias, varios miembros del órgano directivo, que aseguran desconocer la existencia tanto del contrato original como de su ampliación, han solicitado un informe para esclarecer si alguien actuó sin autorización suplantando a la máxima autoridad de Ecopetrol. En este contexto, han puesto la mira en Alberto José Vergara Monterrosa, director Corporativo de Cumplimiento de la empresa, quien tiene influencia en todas las filiales.
Un directivo de una de las filiales señaló a EL TIEMPO que Vergara ha ordenado realizar investigaciones de debida diligencia a varios ejecutivos, incluyendo al propio Roa, así como al caso relacionado con los contratos de la Hidroeléctrica de Urrá, donde se mencionan vínculos con personas cercanas al presidente Petro y a la empresaria Marisol Segura, amiga de Roa y su pareja.
Hasta el momento, ni la Casa de Nariño ni Ecopetrol han emitido pronunciamiento alguno sobre la reunión o sobre la posible renuncia de Ricardo Roa.
