Las autoridades salvadoreñas arrestaron este sábado al jurista Enrique Anaya, reconocido por sus posturas críticas frente al gobierno del presidente Nayib Bukele. Según informó la Fiscalía General de la República a través de redes sociales, la detención se dio en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y activos.
El procedimiento tuvo lugar en su residencia en Santa Tecla, municipio cercano a la capital San Salvador. En los próximos días, Anaya deberá comparecer ante los tribunales, conforme a lo indicado por la entidad judicial.
Anaya ha sido una de las voces más activas en señalar posibles vulneraciones constitucionales por parte del Ejecutivo salvadoreño. En 2021, presentó una acción judicial que dio pie a un fallo de la Sala de lo Constitucional, en el que se interpretó que la reelección presidencial es válida si el presidente en funciones renuncia al cargo al menos seis meses antes de un nuevo periodo. Esta interpretación permitió que Bukele solicitara licencia para postularse nuevamente, elección que finalmente ganó.
Además, el abogado también elevó ante el Tribunal Supremo Electoral una solicitud para impedir la candidatura de Bukele, alegando que contrariaba disposiciones constitucionales, aunque dicha petición no fue admitida.
La aprehensión de Anaya se da pocas semanas después de la captura de Ruth Eleonora López, activista de derechos humanos e integrante de la organización Cristosal, quien enfrenta cargos por supuesto enriquecimiento ilícito. En ese caso, el proceso judicial ha sido declarado en reserva total, mientras López niega las acusaciones y exige transparencia mediante un juicio abierto.
Estas detenciones han provocado reacciones entre organismos defensores de derechos humanos, tanto en el país como a nivel internacional, que han expresado preocupación por lo que califican como un uso del aparato judicial contra personas y entidades que cuestionan al gobierno.
En una publicación hecha el viernes anterior a su detención, Anaya se refirió al régimen actual como una “dictadura bukeleana” y citó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advierte sobre acciones que, según el organismo, limitan el espacio cívico y la labor de defensa de los derechos fundamentales.
Mientras tanto, el presidente Bukele, sin referirse directamente a estos casos, reiteró en redes sociales que “los días de impunidad han terminado”, señalando presuntos vínculos de sectores opositores con estructuras delictivas.
