En varios rincones del mundo, la reducción de la jornada laboral ha dejado de ser un experimento para convertirse en una estrategia concreta de bienestar y eficiencia. Países como Islandia, España, Reino Unido y Japón muestran con cifras que trabajar menos horas no solo es posible, sino rentable. Sin embargo, en América Latina, el debate apenas toma impulso, en medio de obstáculos como la alta informalidad, limitaciones tecnológicas y una cultura empresarial donde aún predomina el presentismo.
En Colombia, la Ley 2154 de 2023 marca el inicio de este cambio, reduciendo gradualmente la jornada de 48 a 42 horas semanales de aquí a 2026. Una transformación que plantea interrogantes sobre su implementación en un contexto donde, según la OIT, el 56,3% de la fuerza laboral es informal —el porcentaje más alto del mundo.
El panorama internacional ofrece pistas alentadoras: entre 2022 y 2023, el Reino Unido lideró el piloto de jornada de cuatro días más grande registrado, logrando que el 92% de las empresas participantes mantuviera la medida tras reportar un aumento del 35% en ingresos y una disminución del 71% en los niveles de estrés. Islandia, pionera en este campo desde 2015, consiguió mantener su productividad trabajando entre 35 y 36 horas semanales, de acuerdo con el centro de estudios Autonomy.
Alejandro Arévalo, cofundador de T-Mapp —una firma colombiana de reclutamiento de talento ejecutivo— afirma que estos modelos responden a una necesidad urgente de combatir el agotamiento laboral y mejorar la calidad de vida. “Reducir la jornada no es una tendencia pasajera, es una respuesta al cansancio crónico que viven millones de trabajadores”, explica.
A nivel regional, se perciben avances dispares: Chile ya dio luz verde para recortar su jornada de 45 a 40 horas; México estudia una propuesta similar; y Colombia avanza con la meta de 42 horas. Sin embargo, Arévalo advierte que, sin medidas complementarias, esta reducción podría profundizar brechas: “En economías con alta informalidad, trabajar menos horas sin garantizar ingresos dignos puede agravar la desigualdad”.
Las ventajas potenciales van más allá de la salud mental. Estudios de Gallup y la CEPAL muestran que Latinoamérica lidera índices de estrés laboral y que las mujeres, además, cargan con más horas de trabajo no remunerado en el hogar. Una jornada más corta ayudaría a redistribuir esas tareas y a enfrentar el presentismo —la presencia física sin productividad— que el BID señala como uno de los factores de la baja competitividad en la región.
“Un colombiano trabaja 1.200 horas más al año que un alemán, pero genera tres veces menos valor agregado”, ejemplifica Arévalo.
No obstante, las barreras siguen siendo grandes. Según la Andi, poco más de la mitad de las pymes en Colombia ve viable recortar horas, pero sectores como manufactura y comercio minorista aún dependen de la presencia física. Además, solo una tercera parte de las empresas cuenta con herramientas tecnológicas para gestionar trabajo remoto, según datos del Ministerio TIC.
“Si no hay inversión en digitalización y automatización, muchas organizaciones quedarán rezagadas”, insiste Arévalo.
Algunos países, como Chile, han diseñado incentivos estatales para ayudar a las empresas a costear la transición. En Colombia, el Ministerio de Trabajo apuesta por mesas de diálogo con empleadores y sindicatos para ajustar salarios y promover la cultura de trabajo por objetivos.
Finalmente, para las nuevas generaciones, la flexibilidad ya no es un lujo, sino una exigencia: según Randstad, el 78% de los jóvenes colombianos prioriza horarios flexibles por encima de un salario alto.
El debate está abierto y América Latina tiene en sus manos el reto de demostrar que trabajar menos horas puede ser la clave para producir más y vivir mejor.
