La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión disciplinaria contundente tras un caso de presunto abuso de autoridad por parte de una integrante de la Policía Nacional. En fallo de primera instancia, el ente de control destituyó e inhabilitó por 10 años a la patrullera Erika Judith Pérez Romero, tras comprobar que incurrió en una agresión injustificada contra un ciudadano durante un procedimiento policial.
Los hechos investigados ocurrieron en el sector del humedal Juan Amarillo, en la capital del país, donde la funcionaria participaba en un operativo de control. Según el informe de la Procuraduría, Pérez Romero golpeó a Juan Sebastián Nova con un bastón tonfa, sin que existiera una amenaza o resistencia que justificara el uso de la fuerza.
La actuación fue considerada como un uso desproporcionado del poder asignado a la funcionaria en su rol como servidora pública. El Ministerio Público concluyó que la patrullera incumplió con los estándares legales que regulan el comportamiento de los cuerpos policiales, y violó los principios fundamentales que rigen el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.
“El accionar de la uniformada no solo excedió los límites de su autoridad, sino que además fue ejecutado con conocimiento de su ilicitud, afectando la integridad física del ciudadano y vulnerando gravemente la confianza pública en la institución”, precisó la Procuraduría en su decisión.
Por tratarse de una falta calificada como gravísima y cometida con dolo, la sanción impuesta implica tanto la destitución del cargo como la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante una década.
El caso genera una nueva alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de formación y control dentro de la fuerza pública, así como de garantizar que los procedimientos policiales respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía. La Policía Nacional aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta sanción.
