En una decisión que marca un nuevo capítulo en la gestión de la infraestructura vial del departamento, el Tribunal Administrativo del Quindío dejó sin efecto la sanción impuesta previamente por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito contra el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya. La medida, que contemplaba una multa equivalente a 40 salarios mínimos y hasta seis meses de arresto, había sido proferida por un supuesto desacato a una sentencia en el marco de la acción popular que exige una solución definitiva para el deteriorado Puente Don Nicolás.
Sin embargo, los magistrados del Tribunal concluyeron que no se configura incumplimiento alguno por parte del Gobierno departamental. En su análisis, reconocieron que durante el año 2024 se celebraron y ejecutaron dos contratos fundamentales: uno de consultoría y otro de interventoría, cuyo objetivo fue desarrollar los estudios y diseños técnicos para la eventual reconstrucción o sustitución de la estructura, hoy en estado crítico.
Estos avances fueron claves para demostrar que el ejecutivo departamental ha actuado de forma diligente y en concordancia con lo ordenado judicialmente. La decisión del Tribunal fue tomada tras revisar los informes y soportes presentados, los cuales evidencian una voluntad institucional clara de proteger a la comunidad y garantizar la estabilidad del paso vehicular.
La Gobernación del Quindío, por su parte, reiteró su compromiso con la seguridad vial y afirmó que seguirá gestionando los recursos necesarios para iniciar las obras que demanda esta vía estratégica. El fallo representa no solo un respaldo jurídico a las acciones de la administración, sino también un mensaje de tranquilidad para las comunidades afectadas por el estado del puente.
