Una nueva alerta emitida por la Defensoría del Pueblo revela un panorama preocupante en Colombia entre enero y mayo de 2025: al menos 77.719 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado a causa de la persistente violencia armada, especialmente en regiones históricamente afectadas por el conflicto, como el Catatumbo.
El informe señala que solo esta región fronteriza con Venezuela concentró más del 88% de los casos, con 68.347 personas expulsadas de sus territorios por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y otras situaciones de riesgo. Además, se mantiene una situación crítica de confinamiento, con más de 11.000 personas restringidas en su movilidad, sin acceso pleno a servicios básicos ni garantías de seguridad.
Durante mayo, la tendencia continuó con fuerza: 1.746 personas debieron abandonar sus hogares en departamentos como Antioquia, Nariño, Cauca, Guaviare y Valle del Cauca. A esto se suman 8.123 personas que permanecen confinadas en zonas del Chocó, Nariño, Antioquia y Valle, expuestas a restricciones severas en salud, educación y alimentación.
Crisis migratoria: un reto paralelo
El mismo reporte documenta el tránsito de 72.699 personas en condición irregular por el territorio colombiano, provenientes principalmente de Venezuela, Haití, India, Ecuador y Perú. De esta población, 15.364 son menores de edad, quienes enfrentan peligros especiales relacionados con explotación, trata de personas y acceso limitado a derechos fundamentales.
Asimismo, la migración inversa sigue en aumento. Un total de 10.246 personas han regresado a Colombia tras fracasar en su intento de llegar a Estados Unidos, incrementando la presión sobre los servicios humanitarios y de asistencia en puntos fronterizos y zonas urbanas.
La Defensoría advirtió que muchos migrantes han sido abandonados por redes de tráfico humano en rutas ilegales, sin ningún tipo de protección ni atención, quedando expuestos a múltiples formas de violencia y desprotección.
Frente a este panorama, la entidad instó al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales a reforzar los mecanismos de respuesta humanitaria, adoptar medidas inmediatas de protección integral, y a garantizar los derechos fundamentales tanto de la población desplazada como de los migrantes, con enfoque diferencial y atención prioritaria para los niños, mujeres y comunidades étnicas.
La situación evidencia la necesidad urgente de articular políticas de seguridad con enfoques de derechos humanos y atención humanitaria, frente a un fenómeno que sigue afectando a miles de colombianos y extranjeros en tránsito.
