Una nueva polémica sacude a Ecuador tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de enviar una reforma constitucional a la Asamblea Nacional que contempla la castración química para agresores sexuales, especialmente en casos contra menores de edad. La propuesta llega en medio de una tormenta política y judicial por una reciente denuncia que involucra a un miembro del Legislativo.
La iniciativa presidencial aparece justo cuando el país sigue de cerca el caso del asambleísta Santiago Díaz Asque, señalado por presunto abuso sexual a una menor. Aunque el parlamentario solicitó una licencia sin sueldo y negó las acusaciones, ya fue separado de su colectividad, Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa.
Desde el Palacio de Carondelet, Noboa expresó con firmeza: “Los violadores deben pagar con cárcel y con un castigo ejemplar”. Aunque el documento oficial de la reforma aún no ha sido difundido, el presidente dejó claro que espera un respaldo contundente del Congreso.
Las autoridades judiciales confirmaron que ya se han realizado diligencias en propiedades vinculadas al legislador, aunque el proceso avanza con reserva por tratarse de una víctima menor de edad. Díaz Asque, pese a la expulsión de su partido, continúa ocupando su curul.
Actualmente, en Ecuador la violación a menores conlleva penas de hasta 22 años de prisión. Sin embargo, la castración química —que consiste en la supresión farmacológica del deseo sexual— no está incluida en el marco legal vigente. Países como Indonesia y algunos estados en EE. UU. la han implementado bajo controversia, como medida adicional para ciertos crímenes sexuales.
“Es hora de que el país decida: ¿estamos del lado de las víctimas o de los agresores?”, cuestionó Noboa, quien en los últimos meses ha logrado avances legislativos apoyado por una mayoría parlamentaria favorable.
El anuncio ha reavivado el debate sobre el límite entre justicia y castigo, entre el populismo punitivo y la necesidad de respuestas contundentes frente a la violencia sexual. Para muchos, la discusión va más allá de una reforma: se trata de qué tipo de país quiere ser Ecuador frente a uno de los crímenes más repudiados por su sociedad.
