En respuesta a la suspensión temporal de los servicios de la morgue de Calarcá, el Gobierno del Quindío ha asumido el liderazgo en un plan integral que busca restablecer cuanto antes su funcionamiento. La medida, impuesta por la Secretaría de Salud debido a deficiencias en infraestructura, movilizó a diversas entidades públicas en un encuentro interinstitucional clave realizado el sábado 19 de julio.
Durante la jornada, representantes de la Procuraduría Regional, la Procuraduría Ambiental, la Personería de Armenia, Medicina Legal, el hospital La Misericordia, y delegados de las 12 alcaldías del departamento recorrieron las instalaciones afectadas. El diagnóstico fue claro: es necesario intervenir en dos etapas.
La primera fase se enfocará en ajustes urgentes como el cerramiento del perímetro externo, la adecuación de un espacio para labores de aseo, el tratamiento de humedades internas y la habilitación funcional del segundo piso. Estas labores se iniciarán de inmediato.
En una segunda etapa se proyecta la ampliación de las áreas destinadas a los procedimientos forenses, una mejora integral de las redes hidráulicas, y se está evaluando la adquisición de una nueva cava mortuoria, que permita aumentar la capacidad de atención.
Mientras tanto, se espera que Medicina Legal entregue este martes el plan de contingencia requerido por la Secretaría de Salud para levantar la suspensión vigente.
Paralelamente, desde el pasado viernes 18 de julio, se crearon cuatro comisiones estratégicas encargadas de garantizar una solución estructural: una comisión técnica que liderará las adecuaciones iniciales, una comisión jurídica que revisará los términos del comodato entre Medicina Legal y el hospital, otra orientada a gestionar recursos del Sistema General de Regalías para la construcción de una nueva morgue, y una cuarta enfocada en definir una alternativa transitoria.
Con estas decisiones, el departamento busca no solo responder de manera inmediata, sino también construir una solución definitiva y digna para un servicio esencial que impacta la salud pública y la atención forense en toda la región.
