Una agresión física en pleno aeropuerto internacional le costó la carrera pública a Jaime Alonso Sánchez Cárdenas, funcionario de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 12 años y cinco meses, tras comprobarse que golpeó a un ciudadano que solo le pedía ayuda.
El incidente ocurrió el 24 de noviembre de 2022 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un viajero colombiano solicitó orientación sobre el registro biométrico. La respuesta del funcionario fue una agresión que le dejó lesiones visibles en el rostro y una incapacidad médica de cinco días.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento concluyó que Sánchez Cárdenas no solo incumplió sus deberes como servidor público, sino que abusó del poder que le confería su rol en un contexto donde debía primar la atención y el respeto.
Para el Ministerio Público, el comportamiento del disciplinado representa una grave violación al principio de moralidad que rige la función pública. La falta fue calificada como gravísima, cometida con dolo, lo que evidencia una intención consciente de agredir y vulnerar derechos.
El fallo deja en evidencia los riesgos del ejercicio arbitrario de autoridad en escenarios sensibles como los puntos de control migratorio, donde los funcionarios deben ser garantes de derechos y no agresores. Además, envía un mensaje claro sobre las consecuencias del abuso institucional: ningún poder puede estar por encima del respeto a la dignidad humana.
