Con el objetivo de fortalecer la transparencia en la gestión pública y prevenir conflictos de interés, la Función Pública reiteró a servidoras y servidores públicos del ámbito territorial que el plazo para presentar la declaración de bienes y rentas vence el próximo 31 de julio de 2025.
Según la entidad, cerca de 308.762 funcionarios y funcionarias del orden territorial están obligados a diligenciar el Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas, disponible en el sistema SIGEP II. Este proceso permite a las autoridades y a la ciudadanía conocer detalles relacionados con la situación financiera, familiar y patrimonial de quienes ejercen funciones públicas.
La información que se debe reportar corresponde a la vigencia 2024, es decir, al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Entre los datos solicitados se encuentran ingresos laborales y no laborales, deudas, bienes inmuebles, vehículos y otros activos.
Función Pública hizo énfasis en que esta obligación no es opcional y debe cumplirse en tres momentos clave: al ingreso al cargo, durante el ejercicio de sus funciones y al momento del retiro.
La declaración, además de ser un requisito legal, se considera una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad en el servicio público.
