La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente al Estado colombiano tras documentar un panorama preocupante de vulneraciones a los derechos humanos en los primeros seis meses de 2025. Según la entidad, entre enero y junio más de 133 mil personas fueron impactadas por el conflicto armado, a través del desplazamiento forzado y el confinamiento en sus territorios.
Los datos muestran que 82.819 personas se desplazaron masivamente, huyendo de sus hogares en busca de protección ante la violencia, mientras que otras 50.713 quedaron atrapadas en sus comunidades debido a la presencia de grupos armados ilegales, los combates y las amenazas constantes.
Durante junio, la situación se agudizó: 856 personas, principalmente de Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, debieron abandonar sus viviendas, mientras que Guaviare reportó el mayor número de personas confinadas (10.000), sumando un total de 14.993 afectadas solo en ese mes. Estas comunidades enfrentan limitaciones para acceder a alimentos, agua potable, servicios médicos y educación.
A este complejo escenario se suma el fenómeno de los movimientos migratorios mixtos. Entre enero y junio, 84.083 personas en situación migratoria irregular —provenientes en su mayoría de Venezuela, Ecuador e India— transitaron por Colombia. De ellas, 17.735 eran niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan altos riesgos de violencia, trata y explotación. Además, 12.347 personas retornaron al país en condiciones precarias, aumentando la presión humanitaria en distintas regiones.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que activen respuestas integrales y efectivas frente a esta crisis. Se insiste en la necesidad de reforzar los esquemas de protección, garantizar asistencia humanitaria oportuna y prevenir nuevas vulneraciones a las poblaciones más expuestas a la violencia.
“Estas cifras no son solo estadísticas; son personas con derechos que hoy viven en el miedo, el desarraigo o el olvido”, advirtió la entidad, al tiempo que pidió priorizar la atención a víctimas y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados.
