El Ministerio Público en Carabobo atraviesa una de sus peores crisis institucionales luego de que su fiscal superior, Miguel Durán Trejo, junto con otros 10 fiscales, fueran detenidos por presuntos actos de corrupción. El caso tomó un giro aún más dramático horas después, cuando Luis Maldonado, fiscal auxiliar superior y segundo en la jerarquía del organismo, se quitó la vida en un motel de Maracay.
Las detenciones fueron el resultado de una investigación adelantada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que incluyó el decomiso y análisis de los teléfonos móviles de los señalados. Según trascendió, en los dispositivos fueron halladas grabaciones, llamadas y mensajes que evidenciarían la existencia de una red dedicada a manipular procesos judiciales a cambio de beneficios económicos.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó que los 11 exfuncionarios enfrentarán imputaciones por obstrucción a la justicia, retraso intencional en funciones, uso indebido de información reservada, obtención de ventajas indebidas y asociación para delinquir. Saab también reveló que la red operaba en alianza con el abogado Rafael Reyna, quien, haciéndose pasar por fiscal, negociaba favores judiciales y filtraba información a las partes interesadas.
“El Ministerio Público no será cómplice de la corrupción”, aseguró Saab, destacando que este caso se suma a los más de 550 exfuncionarios procesados en su gestión, de los cuales 138 ya están a la espera de juicio.
El suicidio de Maldonado, sin embargo, plantea un nuevo matiz a la investigación y deja en evidencia la presión interna que atraviesa la institución, ahora cuestionada por la magnitud del escándalo y la sombra de corrupción que golpea la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
