La Procuraduría General de la Nación ratificó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos contra los patrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), Luis Guillermo Pérez Velandia y Juan David González Cárdenas, tras comprobarse que solicitaron sobornos durante un procedimiento de control en Risaralda.
Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando ambos uniformados, adscritos a la División de Control Operativo de la DIAN, detuvieron a un conductor en el peaje La Uribe, en la vía que conecta a Pereira con Cali. Según las pruebas recaudadas, en lugar de cumplir con la aprehensión de mercancía sin los documentos exigidos, los patrulleros habrían exigido dádivas para omitir su deber.
El ente de control disciplinario destacó que la investigación inicial reunió pruebas sólidas, incluyendo actas de servicio y reportes oficiales, que demostraron cómo los policías se apartaron de sus funciones y actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta. La falta fue calificada como gravísima y cometida a título de dolo.
Con esta sanción, que ya quedó en firme, la Procuraduría busca enviar un mensaje claro frente a las prácticas de corrupción en los organismos encargados de velar por la legalidad del comercio exterior y la lucha contra el contrabando.
Organizaciones de control ciudadano han señalado que decisiones como esta son fundamentales para recuperar la confianza en las instituciones, especialmente en áreas sensibles como la fiscalización aduanera, donde la corrupción puede tener un impacto directo en la economía y la competitividad del país.
