La Procuraduría General de la Nación decidió intervenir en el Tolima ante las reiteradas denuncias sobre la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), del cual dependen miles de estudiantes en el departamento.
La investigación preliminar busca establecer si hubo irregularidades en la planeación y financiación del servicio, cuya continuidad se ha visto comprometida en los últimos meses. Voces ciudadanas han advertido sobre presuntos sobrecostos en las raciones, disminución de recursos propios y dificultades logísticas que afectarían a la población estudiantil.
De acuerdo con el organismo de control, la indagación se enfocará en revisar la forma como se ejecutaron los contratos del PAE entre 2022 y 2025, así como en determinar responsabilidades dentro de la administración departamental. La meta es esclarecer el manejo de los recursos públicos destinados a garantizar la alimentación de más de 77.000 niños, niñas y adolescentes que dependen de este programa.
Con esta actuación, la Procuraduría busca enviar un mensaje de vigilancia estricta frente a la correcta destinación del presupuesto escolar y al respeto por los derechos de la niñez en el Tolima.
