En una votación que dejó en evidencia la polarización política, el Senado de la República aprobó este martes una proposición para catalogar al llamado “cartel de los soles” como una organización criminal transnacional y terrorista. La decisión, respaldada por 33 congresistas frente a 20 que se opusieron, generó un fuerte debate sobre los alcances de la medida y sus repercusiones diplomáticas.
El término “cartel de los soles” se utiliza desde hace más de dos décadas para señalar una supuesta red de narcotráfico integrada por militares y altos funcionarios del gobierno venezolano, la cual, según informes judiciales internacionales, habría tenido un rol clave en el tráfico de drogas hacia Centroamérica, el Caribe y Europa. Caracas ha negado reiteradamente la existencia de dicha estructura.
Un debate marcado por divisiones
Durante la sesión plenaria, la oposición defendió la declaratoria como un acto de coherencia política frente a lo que califican como una amenaza para la seguridad regional. El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de pronunciarse incluso si el Ejecutivo mantiene una postura diferente frente al régimen de Nicolás Maduro.
Otros legisladores, como Jonathan Ferney Pulido Hernández (Alianza Verde), destacaron la necesidad de enviar un mensaje contundente tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico: “Lo mínimo es reconocer el riesgo que representa esta red criminal para la región”, afirmó.
Sin embargo, desde el oficialismo y sectores aliados, se cuestionó la competencia del Senado para pronunciarse en asuntos de política internacional, que constitucionalmente recaen en el Presidente de la República. La senadora Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) insistió en que “el Congreso no puede usurpar funciones del Ejecutivo en materia diplomática”.
Implicaciones y controversias
Más allá del debate jurídico sobre las competencias del Legislativo, la decisión se interpreta como un mensaje político que podría impactar las relaciones bilaterales con Venezuela, en momentos en que el gobierno de Gustavo Petro busca mantener canales de diálogo abiertos con Caracas.
Mientras tanto, analistas advierten que el pronunciamiento del Senado, aunque simbólico en términos prácticos, profundiza la fractura entre oposición y oficialismo en torno a la política exterior y al papel de Colombia frente al narcotráfico regional.
