Aunque su trabajo sostiene la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la economía familiar, las mujeres campesinas y rurales en Colombia continúan enfrentando profundas desigualdades en el acceso a la tierra, la educación, la salud y la participación política. En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las instituciones del Estado para avanzar hacia una política pública real de equidad y empoderamiento femenino en el campo.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2024 el 24,4 % de los hogares rurales encabezados por mujeres vivían en condiciones de pobreza multidimensional, una cifra superior a la de los hogares liderados por hombres (23,4 %). Esta diferencia, aunque aparentemente pequeña, refleja una brecha estructural que limita las oportunidades de desarrollo y bienestar de millones de mujeres.
Colombia cuenta con 10,2 millones de personas que se reconocen como campesinas, de las cuales 4,9 millones son mujeres, es decir, casi la mitad de la población rural. A pesar de su papel esencial en las labores agrícolas, de pesca y en la economía del cuidado, la mayoría de ellas no accede a la propiedad de la tierra ni a condiciones dignas de trabajo. Según registros del 2021, solo el 36,3 % de los predios rurales figura a nombre de mujeres, y más del 70 % de esos terrenos tiene menos de tres hectáreas.
Las brechas también se extienden al ámbito del trabajo no remunerado. El DANE advierte que el 93,1 % de las mujeres rurales mayores de diez años participa en actividades no pagadas, como el cuidado del hogar o el apoyo a labores agrícolas familiares, mientras que entre los hombres esta cifra es del 56,9 %.
En materia de participación política, la situación es aún más preocupante: solo el 0,6 % de las mujeres campesinas hace parte de un movimiento o partido político. La falta de representatividad en espacios de decisión impide que sus necesidades sean visibilizadas en la formulación de políticas públicas y programas rurales.
La Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de actualizar la Ley 731 de 2002, que establece mecanismos para el desarrollo integral de las mujeres rurales, de modo que se ajuste a las nuevas realidades sociales y territoriales. Además, destacó la importancia de reglamentar plenamente la Ley 2462 de 2025, la cual busca fortalecer la protección de los derechos de esta población.
El reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección —establecido en el Acto Legislativo 01 de 2023— plantea un escenario de esperanza. Sin embargo, para que se traduzca en transformaciones reales, el Estado deberá garantizar acceso a la tierra, financiamiento, formación técnica, salud y participación efectiva para las mujeres rurales.
“El país no puede hablar de desarrollo sostenible mientras las mujeres del campo sigan siendo invisibles”, expresó la Defensoría, reiterando que su empoderamiento no es solo una deuda histórica, sino una condición esencial para la paz y la justicia social en los territorios rurales.
