La Fiscalía General de la Nación hizo un nuevo llamado enérgico a favor de la liberación inmediata de los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, adscritos a la Dirección de Protección y Asistencia, quienes permanecen en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado 8 de mayo.
El ente acusador calificó como inaceptable que la organización insurgente pretenda condicionar la entrega de los servidores a un eventual canje, señalando que esta exigencia desconoce los principios humanitarios básicos y el marco legal colombiano.
“Ellos no son prisioneros de guerra ni piezas de negociación; son funcionarios judiciales que cumplen una labor esencial de protección a víctimas, testigos e intervinientes en procesos penales”, reiteró la institución en su comunicado, subrayando que el secuestro constituye una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
La Fiscalía extendió su agradecimiento a las agencias internacionales y humanitarias que continúan mediando por la liberación de los cautivos, entre ellas la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, quienes han mantenido sus esfuerzos en favor de un desenlace pacífico y seguro.
Asimismo, la entidad expresó su respaldo a las movilizaciones y pronunciamientos del sector judicial y las organizaciones sindicales, que exigen respeto a la dignidad y la integridad de los funcionarios secuestrados, así como de los agentes de la Policía Nacional Yordi Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia, también retenidos por el grupo armado.
La institución rechazó categóricamente la amenaza de un “juicio revolucionario” anunciada por el ELN, calificándola como un acto arbitrario y contrario a toda legitimidad jurídica. Al mismo tiempo, ratificó que continuará con las investigaciones penales contra los responsables del frente oriental de guerra del ELN, a quienes se les atribuye este secuestro extorsivo ocurrido en Arauca.
Con este pronunciamiento, la Fiscalía no solo reitera su exigencia de libertad inmediata para los cuatro retenidos, sino también su compromiso con la defensa de la justicia, la vida y la dignidad humana frente a cualquier forma de violencia.
